Quiero aclarar que libero a Qva en Directo de cualquier responsabilidad por esta publicación.

Baso mi criterio en la escuela del Realismo Político que caracteriza las relaciones internacionales y que considera el ciberespacio como una dimensión de la Seguridad Nacional de cada Estado.

Cada día resulta más inverosímil hablar de la “democratización de Internet”. Soy del criterio de que en Internet no hay democracia y no la habrá.

Surgió como un arma para el Pentágono que hoy es empleada por todo aquel que tiene cómo hacerlo. En el futuro, lejos de llegar a una verdadera democratización, solo se pueden avizorar mayores mecanismos de control y censura debido a la inevitable confrontación de intereses.

Hay quienes piensan que los que concurrimos al espacio digital tenemos derecho a cosas tales como la privacidad, el ejercicio de la libre opinión (sin repercusiones posteriores), la confidencialidad de nuestras acciones o actividades online.

Estos postulados son totalmente inciertos. La realidad es que toda nuestra información sobre gustos, conversaciones con amigos, fotos o reacciones en redes sociales son escudriñados diariamente por cientos de personas alrededor del mundo.

Cibercomando de EE.UU. / Foto: Internet

Los gobiernos y las grandes corporaciones de comunicaciones (entre las que podemos incluir a empresas como Facebook, WhatsApp, Twitter y otros) tienen el control de todo lo que se escribe o se dice por los canales existentes.

Esta “represión organizada” tiene un carácter político que la hace aún más sofisticada, pues no se trata de reprimir determinados patrones, sino a determinadas personas.

Existen quienes pueden robar, atacar, amedrentar, publicar, criticar o realizar cualquier otra conducta que puede resultar perturbadora para la libertad y la paz de otras personas, siempre y cuando cumplan el requisito de estar “legitimados” por el sistema que les provee el acceso.

Es decir, si usas mis redes, harás lo que yo te permita, no lo que tú quieras. Ello nos lleva al siguiente punto: ¿de quién es la red? En muchos países las redes informáticas son un servicio que proveen determinadas compañías. Eso no quiere decir que sean redes independientes.

Esas compañías deben responder al interés (como categoría) del gobierno del país en el que se asientan o al interés de una potencia. Ante este escenario se impone una pregunta: ¿quién gobierna realmente Internet?

Considero que, en primer lugar, están los llamados Ciberejércitos, que existen, según medios de prensa, en muchos más países de los que habitualmente se visibilizan. Si bien se habla mucho del llamado Cibercomando de los Estados Unidos, se reportan estructuras similares en países como Alemania, Inglaterra, Francia, China[1], Rusia, Irán, Israel, Oman o Rumanía.

Emblema del Cibercomando de Ecuador / Foto: Internet

Como podemos ver no se trata de estructuras exclusivas de países desarrollados. Otras fuentes señalan la existencia de cibercomandos en países del área como Chile, Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela.

Por ende, no es difícil adivinar que en Cuba exista algún instrumento similar. La práctica internacional es que estos grupos estén subordinados a estructuras relacionadas con seguridad nacional.

Aunque el centro de estas entidades es el trabajo contra amenazas cibernéticas, su ámbito de acción impacta en el control de contenidos. La comunicación, como dimensión de la seguridad nacional, transversaliza todos los procesos; por ende, el control de los contenidos en las redes adquiere mayor relevancia. La fuerza exponencial de una publicación en un espacio digital tiene la potencialidad de hacer traspasar las reacciones al espacio físico.

En los Estados Unidos el pasado año el ejército emitió una convocatoria de propuestas de investigación de socios tecnológicos para el desarrollo de un sistema automatizado capaz de escanear todo el Internet y localizar y censurar el contenido considerado como “activos mediáticos falsos” y la “desinformación”.

De acuerdo con documentos gubernamentales, la solución proporcionaría “tecnologías semánticas innovadoras para analizar los medios” que ayudarán a “identificar, disuadir y comprender las campañas de desinformación adversarias”. Es decir, una censura palabra por palabra.

Ahora bien, regresando al tema de la democratización, creo que queda claro que es un escenario utópico. La imposición de una carrera por el dominio y el control de los contenidos a la que todos los países están sometidos impide lo que muchos quieren: que Internet sea un espacio sin restricciones.

“Cada día resulta más inverosímil hablar de la democratización de Internet” / Foto: Reportero24

Según CNN en español, en Australia y Reino Unido en el año 2019 se establecieron regulaciones para enfrentar el contenido violento, las noticias falsas y el material dañino. Estas regulaciones impondrían obligaciones a las compañías web y le darían a un regulador de Internet recién constituido, la capacidad de emitir multas y bloquear sitios.

Por otra parte, en países como España, medios de prensa locales valoran que el Real Decreto Digital 14/2019 (RDL) amplía de manera desproporcionada los poderes del gobierno español, a través del Ministerio de Economía, para intervenir las redes y las comunicaciones y de esta manera poner en peligro la libertad de expresión y de información.

En otras regiones del mundo como Kazajistán, Rusia, Pakistán y Francia existen leyes que penalizan la difusión de informaciones falsas y discursos de odio. Este último, en particular, es un concepto que puede resultar ambiguo, porque lo que puede ser un sentimiento negativo para algunos, puede no tener el mismo significado para otros.

En cualquier caso, las publicaciones de odio pudiéramos enmarcarlas en aquellos planteamientos que van en contra de lo que socialmente la clase en el poder considera que son buenas costumbres.

Por lo general, son contenidos que van en contra de la letra de la Constitución o tocan heridas sociales que pueden estar relacionadas con el pasado u otros hechos que generen crispación en grupos sociales.

El control de los contenidos también está presente en el sector privado. Algunos críticos, incluida la Organización de las Naciones Unidas, advierten que la privatización del ciberespacio ha provocado un cúmulo de denuncias y señalamientos contra compañías como Google, Facebook o Twitter, que han decidido imponer de manera unilateral mayores restricciones al contenido que se publica en Internet.

Ejemplos recientes de censura en las redes privadas los vimos el pasado año cuando Twitter bloqueó las cuentas de los principales medios de Cuba, hecho calificado por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) como un “acto de censura masiva”.

La decisión de la compañía, que no ofreció las razones, se produjo una semana después de que el Gobierno de EE.UU. arreciara su política de guerra económica contra la Isla.

Según el portal RT, otro ejemplo es el del analista mexicano Alfredo Jalife-Rahme, que fue expulsado de Twitter tras criticar a personajes de la derecha de ese país, hecho que desató una polémica en México sobre la censura en Internet. Además, en agosto de 2019 varios usuarios afines al presidente Andrés Manuel López Obrador reportaron suspensión y bloqueo de cuentas tras hacer comentarios sobre el expresidente Felipe Calderón.

Entre las políticas de esa empresa se establece la prohibición a la “glorificación de la violencia” o “cláusulas de integridad electoral” que prohíben la injerencia en votaciones, a pesar de las ambigüedades inherentes a dichas reglas.

Otro tanto sucede en Facebook. En 2017 Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, indicó que reforzaría el equipo que revisa las publicaciones hasta alcanzar casi las 8 000 personas alrededor del mundo. Este grupo es el encargado de borrar contenido que pudiera resultar ofensivo en temas como la violencia, el terrorismo, la pornografía y el racismo.

Sin embargo, es preciso señalar que las reglas de exclusión de contenidos que se aprueban en determinados Estados son aplicadas con exactitud por estas empresas. Tal es el caso de las que se establecen en EE.UU., Israel y Reino Unido.

En este escenario se pone de manifiesto el sentido político que tienen las redes y la imposibilidad de la democratización de un espacio artificial que se ha convertido en recurso. Las reglas de exclusión tienen un sentido profundamente político. Cada Estado establece sus intereses en función de la preservación de su sistema social.


[1] Ejército Azul

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Un comentario en «¿Ley Mordaza en Cuba? Apuntes para el debate»

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